Proyectos de Ley: El Gobierno aborda hoy la reforma local para "reorganizar el reparto de competencias"

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Uno de los objetivos de la reforma es clarificar competencias municipales, pero también reforzar el control financiero y presupuestario sobre los municipios y racionalizar la estructura local, de la que desaparecerán todas aquellas entidades que no cumplan unos mínimos de eficiencia.

Montoro ha aclarado que no desaparecerán ayuntamientos, pero que dejarán de prestar sus competencias cuando no sean eficientes. Ha asegurado que el Gobierno alentará la concentración de servicios en las diputaciones, porque cree que puede generar ahorros, así como la fusión de localidades.

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Montoro ha explicado que el Gobierno finalmente no reducirá el número de concejales, sino el de aquellos con retribución, una opción que "ahorra mucho más". El objetivo, ha dicho, es impulsar la participación en política "y si esa participación es voluntaria, mejor".

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Montoro ha querido subrayar otra de las medidas previstas. Se reducirá el número de contratados eventuales que puede tener un municipio, el personal que entra y sale de los ayuntamientos generalmente con el cambio de gobierno local.

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La reforma define con precisión la lista de competencias que deben ser desarrolladas por la administración local; tendrán unas competencias obligatorias y unos servicios mínimos que prestar no podrán ofrecer otros añadidos hasta que aquellos no estén garantizadas. Se busca así que desaparezcan las llamadas competencias impropias, aquellas que han venido ejerciendo los ayuntamientos pese a ser de titularidad autonómica. La pretensión del Gobierno es que si una comunidad quiere que los ayuntamientos presenten un servicio que le compete, deberá garantizar su financiación, a riesgo de que Hacienda les reste la cantidad impagada de su participación en los ingresos del Estado. Para no llegar a este extremo, se permite por primera vez, la compensación de deudas pendientes entre administraciones.

En el informe se fija que las competencias de Educación y Sanidad serán exclusivas de las comunidades, aunque se les da un periodo transitorio de cinco años para el cambio progresivo de titularidad de las competencias. En el caso de los servicios sociales, el periodo transitorio será de un año.

Veremos cómo se articula la regulación de las diputaciones, algo que no creo que convenza a mucha gente. Ahora bien, es curioso que "se limite el número de asesores", pero que no se establezca la formación mínima que deben tener. Mientras que eso no se haga, me temo que seguirá existiendo el problema de gente con poca formación (o nula) realizando tareas de "asesoramiento" para lo que ya hay cuerpos de funcionarios especializados. Por último, lo del "período transitorio" para la determinación de la titularidad de las competencias, en una situación como la actual de crisis muy grave, es para reír por no llorar. Si se quiere ahorrar, es necesario hacerlo lo antes posible, algo diferente a hacerlo mal, sino con rapidez y eficacia. A eso se une esto otro:

La reforma de la administración local que impulsa el Gobierno dejará al 82% de los concejales del país sin sueldo, así como a los alcaldes de municipios menores de mil habitantes. Los ingresos del regidor de las ciudades mayores no podrán superar a los de un secretario de Estado, nómina que irá bajando por tramos de población hasta los municipios de mil a dos mil vecinos, cuyo alcalde cobrará un 20% de esa cantidad.

¿No sería mejor suprimir esos ayuntamientos (o esos puestos) antes de hacer a estas personas trabajar sin sueldo? No creo que, después de disfrutar de un sueldo, vayan a aguantarse con la situación. La noticia no habla nada de dietas y otros conceptos. Eso sí, las críticas están hechas teniendo en cuenta lo publicado, ya que luego el texto final puede ser diferente. Tiene que pasar por el Consejo de Estado y, además, todavía pueden introducirse reformas posteriores.