Así lo ha
declarado Mariano Rajoy en el Congreso, al contestar a una pregunta de Rosa Díez:
Mariano Rajoy ha asegurado que, sin negar que la corrupción representa un grave problema, no le parece responsable "extender el manto de la sospecha sobre toda la clase política".
En respuesta a una pregunta formulada por Rosa Díez, de UPyD, ha declarado que en política "hay una inmensa mayoría de gente honrada que asume sus responsabilidades públicas con un alto costo familiar, personal y profesional". A partir de este convencimiento, ha defendido la necesidad de, evitando generalizaciones injustas, combatir la corrupción con medidas concretas como las impulsadas por este Gobierno.
Entre ellas ha detallado las iniciativas que hacen que los partidos se sometan a responsabilidad penal o estén obligados a publicar su contabilidad, una vez fiscalizada por el Tribunal de Cuentas. También ha resaltado el aumento de las penas por ocultación, simulación o falseamiento de las cuentas públicas, la propuesta a los grupos de un acuerdo con medidas contra la corrupción o el encargo al Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de un informe con propuestas.
Sin embargo, en opinión de Rajoy, la medida más relevante ha sido la presentación de la Ley de Transparencia, "un excelente antídoto contra la corrupción". Al respecto de esta norma ha anunciado que "voy a promover que los criterios de la Ley de Transparencia se apliquen a los partidos políticos".
El Economista
añade:
Ayer mismo,
el presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, se ha mostrado partidario de
aplicar el espíritu de la Ley de Transparencia a los partidos políticos, los sindicatos, las organizaciones empresariales, las ONG y a toda entidad privada que reciba importantes cantidades de dinero público y cuya labor tenga trascendencia pública y social, pero ha recomendado que se haga a través de sus correspondientes leyes específicas en lugar de incluir esas entidades particulares en el proyecto de ley que se refiere al sector público.
Creo que debería incluirse en la Ley a esas entidades, no por ser o no del sector público, sino por recibir cantidades con cargo al erario público. Asimismo, también se deberían incluir los nombres de los donantes a estas entidades cuando se traten de cantidades sustanciales (por ejemplo, más de 10.000 € al año).
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