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Más en El Economista:El Tribunal Supremo ha cancelado parcialmente el indulto que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero concedió al número dos del grupo Santander. El Supremo ha concluido que no puede ser objeto de indulto la aplicación de la normativa bancaria que prohíbe ejercer de responsable de un banco a alguien con antecedentes penales por delito doloso. La clave está en que la ley de indulto permite conmutar penas, pero no sus consecuencias en el ámbito administrativo.
El Ejecutivo socialista indultó al banquero en noviembre de 2011, en uno de los últimos Consejos de Ministros que celebró. De esta forma, perdonó a Sáenz la condena que había recibido por delitos cometidos cuando era presidente de Banesto. En concreto, el consejero delegado del principal grupo bancario español había sido condenado a tres meses de prisión e inhabilitación por un delito de acusación falsa cometido en 1994 contra unos acreedores de Banesto.El indulto era "parcial": la pena de arresto y la suspensión del ejercicio profesional se cambiaron "por la multa máxima prevista en la legislación aplicable al caso", según explicó entonces el Ministerio de Justicia.La medida tomada por el Gobierno de Zapatero permitió a Sáenz mantenerse en su cargo como consejero delegado de Santander. En todo momento, el directivo contó con el apoyo explícito del presidente, Emilio Botín, quien expresó públicamente que el banco no quería renunciar "al mejor consejero delegado de la banca". Sin embargo, ahora, el Supremo considera que el Ejecutivo no tenía autoridad para decidir que Sáenz no tuviese que obedecer la legislación bancaria y así, dimitir.Sin embargo, el pasado mes de enero, el Gobiero de Mariano Rajoy ha elaborado un Real Decreto que prevé que el requisito de honorabilidad de los banqueros sea discrecional. El texto, que todavía no ha sido aprobado y está en fase de consulta pública, otorga al Banco de España la autoridad de decidir si un directivo mantiene los requisitos de honorabilidad, pese a haber recibido una condena de la Justicia.El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha afirmado esta mañana en Bruselas, tras conocerse la noticia de la cancelación parcial del indulto, que ahora la decisión sobre Sáenz le toca al Banco de España.
Más aquí:La Sala de lo Contencioso Administrativo ha considerado que la posibilidad de indultar de la que dispone el Ejecutivo no le faculta para eliminar los antecedentes derivados de su previa condena penal. Se trata de una estimación parcial, decidida de manera unánime por el Supremo, del recurso presentado que anula los efectos administrativos del indulto, pero que la mantiene en su parte penal."Se ha atendido el recurso en lo relativo a la inhabilitación", explicó un portavoz del Supremo que señaló que el tribunal entiende que se mantienen los antecedentes penales del indultado independientemente de la suspensión de la pena, potestad del Gobierno.Por lo tanto, el Banco de España será ahora el encargado de dilucidar si Sáenz puede seguir al frente de Santander, ya que el Supremo mantiene los antecedentes penales del banquero, aunque se mantiene el indulto de la pena de cárcel.
El pasado octubre, el Banco de España ya anunció que no iba a actuar contra él, hasta que se pronunciase el Tribunal Supremo. Veremos qué decisión toma.Los recurrentes consideraban "ilegal" el párrafo del Real Decreto que excluye "cualesquiera otras consecuencias jurídicas o efectos derivados de la sentencia, incluido cualquier impedimento para ejercer la actividad bancaria, a condición de que no vuelva a cometer delito doloso en el plazo de cuatro años desde la publicación del presente Real Decreto".(...)
Por lo que se refiere a la nueva norma que prepara al Gobierno sobre honorabilidad de los directivos bancarios, que permitiría al Banco de España autorizar a banqueros condenados a seguir ejerciendo en determinados casos, el ministro de Economía ha sostenido que este reglamento "no va a favor ni en contra de nadie".Guindos ha explicado que la norma responde a las directrices de la Autoridad Bancaria Europea y que todavía no está en vigor, sino que se ha sometido a consulta pública y el Gobierno tomará una decisión final una vez que haya escuchado todas las opiniones."No es tanto un tema de honorabilidad, que lógicamente se tiene que reforzar, sino también de profesionalidad", ha sostenido el ministro el ministro de Economía.
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