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sábado, 17 de agosto de 2013

LOPJ: los encuentros entre juez y abogado tendrán regulación expresa

Expansión.com:
Las reuniones extraoficiales entre abogados y jueces contarán con una regulación expresa en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Así lo recoge el texto elaborado por la comisión de expertos a la que Justicia ha encargado redactar la propuesta de reforma de esta ley.
Concretamente, así se plantea en el artículo 192 del texto de la comisión, según el cual, sin necesidad de constituirse en audiencia pública, los jueces podrán, “de oficio o a instancia de parte, convocar a cualquiera de las partes, a sus abogados o a sus representantes procesales en la sede del tribunal”.
Así lo harán cuando lo consideren conveniente para la recta administración de justicia y con la condición, eso sí, de informar de ello, en todo caso, al resto de las partes personadas.
El mismo artículo prevé que, “a fin de garantizar el derecho de defensa y la igualdad” entre las partes, “podrán convocar también, si lo consideran necesario, a los demás litigantes, conjunta o separadamente”.

lunes, 4 de marzo de 2013

Caso Noos: la importancia de los correos como prueba

email
email (Foto: Sean MacEntee)
Expansión:
En el año 2000, la Ley de Enjuiciamiento Civil introdujo la posibilidad de aportar emails y otros documentos en soporte digital como prueba. Hasta entonces, la prueba documental distinguía entre escritos públicos –notariales, judiciales o administrativos– y privados, y daba mayor fuerza probatoria a los públicos, ya que prueban la fecha, las personas firmantes y el hecho que documentan, mientras que los privados sólo producían tales efectos si son reconocidos por las partes.
El email es en principio un documento privado, con ciertas particularidades, y sometido por tanto al trámite del reconocimiento de los implicados. Los problemas surgen cuando una de las partes no lo reconoce, sea por negar la fecha, el contenido, el autor o los documentos adjuntos.
“Los emails se pueden utilizar como prueba en un juicio siempre y cuando su obtención no vulnere derechos fundamentales, en cuyo caso son prueba nula de pleno derecho”, señala José Ángel González Franco, socio director de González Franco Roxin Abogados.
Con los documentos tradicionales, la impugnación se solía resolver mediante un dictamen pericial que reconociese la autenticidad de la firma contenida en los mismos, lo que era relativamente sencillo con las técnicas de reconocimiento caligráfico. Tal juicio pericial no es tan claro con el email, pues es un elemento fácilmente manipulable. Además, al juzgado normalmente no se aporta más que la copia en papel y las técnicas para la detección de las manipulaciones no son del todo fiables. Al final, es el juez quien debe valorar la prueba, pues la ley establece que si no se puede determinar pericialmente la validez de un documento, el juez lo hará según su criterio. Los peritajes informáticos practicados en caso de denuncia sólo pueden certificar el envío, el destinatario y la fecha, no el contenido.
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Caso Malaya: El Colegio de Abogados de Málaga recurrirá la negativa de la Junta de Andalucía a pagar a un abogado de oficio

Visto aquí:

lo ha asegurado el decano de dicha institución, Francisco Javier Lara, quien ha precisado que ya se ha encargado este asunto a un despacho que en los próximos días presentará un recurso contra la resolución de la Secretaría General Técnica de la Junta que "no ha aprobado los gastos presentados" por una abogada.
Lara ha explicado en declaraciones a Europa Press que aunque la cuantía es de 25.000 euros, "no es lo que el letrado ha querido minutar, sino que es según el baremo" y ha precisado que se trata de una abogada de un despacho pequeño que fue designada de oficio en este procedimiento, "que cuenta con un millón de folios".
Ha indicado que la justificación que da la administración es que "en el reglamento donde se establecen los pagos, se habla de la cantidad que se paga por el número de folios en los procedimientos abreviados, pero para el sumario no viene recogido, aún cuando es de más envergadura".
Ha apuntado que hay jurisprudencia relativa a que "por analogía se tiene que aplicar" dicho criterio. "El que no esté regulado para un procedimiento no quiere decir que no se tenga que pagar", ha señalado el decano, quien ha apuntado que la letrada "ha aportado un certificado de que no ha faltado a las vistas", que fueron 199.

martes, 26 de febrero de 2013

Se aprueba la modificación de la Ley de Tasas Judiciales y de la de Justicia Gratuita

Visto en Lex Diario.es:
El Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto-ley 3/2013  por el que se modifica el régimen de las tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y el sistema de asistencia jurídica gratuita, con el fin, según el Gobierno, de modular algunas de las cuantías fijadas en la norma en función de las recomendaciones expresadas por la Defensora del Pueblo, así como de adelantar la entrada en vigor de parte del anteproyecto de Ley de Justicia Gratuita para aumentar el número de beneficiarios.
Se calcula que las medidas aprobadas tendrán una incidencia inferior al 5% respecto de los 306 millones de euros previstos en la memoria del Proyecto de Ley de Tasas aprobado el pasado mes de noviembre, ya que se calculó, fundamentalmente, con la tasa fija y en la mayoría de los casos ésta no se ha visto modificada.

lunes, 25 de febrero de 2013

Tasas judiciales: críticas por razón de los sujetos a la "modificación a la baja"

Crítica absolutamente justificada a la siguiente modificación de la regulación de las tasas:
No queda muy claro a qué personas se excluirán o se les reducirá la tasa en relación con la reforma de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita. Por otro lado, tampoco es muy razonable que se reduzca sin más a las personas físicas sin tomar en consideración su capacidad económica, por ejemplo. Tampoco es razonable por qué no se incluyen a las personas jurídicas en dicha reducción, ya que pequeñas empresas están teniendo que asumir un sobre coste importante para, por ejemplo, reclamar impagos ante los Tribunales. El hecho de que se sea una persona jurídica no significa que no se sufran dificultades económicas que obstaculicen el acceso a la tutela judicial efectiva en igual de condiciones que otros posibles actores
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viernes, 22 de febrero de 2013

Tasas Judiciales: La Abogacía insiste en que el Gobierno debe derogar la Ley reguladora

Respuesta a la nueva iniciativa de Gallardón:
La Abogacía insiste en que el Gobierno debe derogar la ley de tasas - ABC.es: "La reforma a la baja de la cuantía de las tasas (en lo que se refiere a su parte variable) que el Ministerio de Justicia va ha llevar a cabo no resulta suficiente para el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), que insiste en la necesidad de que el Gobierno derogue la norma y pide la apertura de un periodo de diálogo que «de haberse producido en su momento, habría evitado el atropello de los derechos constitucionales de los ciudadanos». En opinión del CGAE, que preside Carlos Carnicer, «la modificación no resuelve el ataque contra el derecho de acceso a la Justicia que ha supuesto la aprobación de las tasas judiciales»."

jueves, 21 de febrero de 2013

Gallardón da marcha atrás y rebaja las tasas judiciales

Como ya dijimos aquí: Gallardón da marcha atrás y rebaja las tasas judiciales:
"El Ministerio de Justicia ha anunciado que rebajará hasta un 80% las tasas variables aplicadas a los pleitos, eliminará las tarifas en casos de desahucios de viviendas habituales y en la ejecución de laudos arbitrales de consumo, y reducirá las tarifas en procesos por multas de tráfico."


sábado, 16 de febrero de 2013

España adapta su legislación para poder intercambiar resoluciones judiciales con Europa

Silueta de la Unión Europea
Silueta de la Unión Europea (Photo credit: Wikipedia)
Visto en El Derecho.com:
El primer anteproyecto aprobado hoy permitirá que las autoridades de los distintos Estados intercambien información en materia de antecedentes penales. En España el Registro Central de Penados será la autoridad competente para enviar y recibir la información sobre antecedentes penales, a través del Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales (ECRIS).
El segundo anteproyecto de ley aprobado es el de reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea, y va unido al que modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial para fijar qué juzgados deben encargarse de este reconocimiento (Juzgados de lo Penal, de Vigilancia Penitenciaria y los Centrales de Instrucción). Ambos textos legales representan la unificación en el Derecho español de las distintas normas que ha venido dictando la Unión Europea desde 2002, cuando se estableció la orden europea de detención y entrega.

viernes, 15 de febrero de 2013

Tasas judiciales: Gallardón anuncia que "se modificarán a la baja"

20minutos.es:
se introducirán "modulaciones a la baja" en las cuantías fijas y variables en primera instancia, civil y contencioso administrativo; se rebajarán las tasas en función de la capacidad económica para personas jurídicas y en ejecuciones arbitrales de consumo, y se suprimirán en procesos de ejecución hipotecaria cuando afecten a la vivienda habitual. Gallardón, en declaraciones a los periodistas en el Congreso, ha considerado "muy enriquecedora" la labor de la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, que ha recabado la opinión de expertos. El Gobierno estudia ahora la fórmula que se utilizará para introducir los cambios que pide la Defensora del Pueblo, y para anticipar la entrada en vigor de algunas de las modificaciones que ya contemplaba la Ley de Justicia Gratuita, que se está tramitando en el Congreso.
Anteriores:
  1. Los Secretarios Judiciales gestionarán las tasas.
  2. Proyecto de Ley: modificación de las tasas judiciales.

viernes, 8 de febrero de 2013

Caso Urdangarín: recurso contra el auto que impuso la fianza

El abogado de Urdangarín ha presentado un recurso contra el auto del juez por el que se imponía el pago de una fianza solidaria de 8,1 millones, estando obligados al pago el ex-jugador de balonmano y su socio Diego Torres. Hasta ahí, todo normal, es más, la interposición de recursos es un derecho que tiene reconocido por ley. Ahora bien, lo interesante es ver el razonamiento en el que basa la interposición del recurso:
Iñaki Urdangarin ha recurrido la fianza de responsabilidad civil de casi 8,2 millones de euros argumentado que se vería abocado a un "injusto empobrecimiento" y se produciría un "enriquecimiento injusto" para los beneficiarios de la anterior cantidad. (...) Pero además insiste el letrado del duque de Palma, como ya hizo en anteriores fases del proceso, en que su cliente está sufriendo indefensión en esta investigación. Critica al juez que ha hecho una selección "parcial, sesgada y fuera de plazo" de determinados documentos del sumario, "cuya elección o rechazo de otros también ha sido subjetiva", en especial referencia a las declaraciones de los testigos y o imputados.
No creo que sea necesario comentarlo.

domingo, 3 de febrero de 2013

Expulsan a un fiscal de la carrera por discrepar con su jefa

Lo podéis leer aquí:
El Consejo Fiscal, el órgano asesor del fiscal general del Estado, aprobó la semana pasada por mayoría la separación del servicio, es decir, la expulsión de la carrera, del fiscal de La Coruña Juan Antonio Frago quien mantenía una pugna con la fiscal jefe de esa provincia, Esther Fernández, a la que denunció, y quien a su vez abrió expediente a su subordinado por tres faltas graves y una muy grave. Esta última le ha costado la carrera a Frago, aunque la propuesta aún no le ha sido comunicada oficialmente.

miércoles, 30 de enero de 2013

Anulada sentencia porque la juez sustituta utilizó el "corta y pega"

Las razones son bien simples:
>Violencia de género: 
STC 045/2010Al anularla, la Audiencia Provincial de Murcia señala que «si revisamos la sentencia comprobaremos que estamos ante una muy defectuosa motivación por parte de la magistrada accidental del Juzgado en relación al análisis de la prueba que, en su caso, se utiliza para condenar».
El tribunal añade que «secillamente, se utiliza una fórmula genérica, que podría servir para cualquier procedimiento penal, y se establece una conclusión que no se sabe de dónde se ha obtenido, y, por tanto, no revisable en términos de racionalidad ni por las partes ni por el tribunal de alzada». «Motivar una sentencia», comenta la sala, «no es utilizar la técnica ofimática de copiar y pegar jurisprudencia obtenida de bases de datos que existen en el mercado, ni plasmar conclusiones sin explicar de dónde se obtienen las mismas, ni utilizar fórmulas mecánicas que no aclaran nada y que no sirven para analizar la prueba practicada en juicio».
No creo que se necesite añadir nada, salvo que me parece, con independencia de lo que razona la Audiencia desde el punto de vista jurídico, una falta de respeto hacia las personas que eran partes en el procedimiento.

martes, 29 de enero de 2013

Tasas judiciales: los secretarios judiciales las gestionarán

Pese a no estar aprobada ni vigente la nueva resolución reguladora de esa productividad (se está modificando la anterior, de 27 de diciembre de 2010), el Ministerio de Justicia advierte en esa nota informativa de que el primer cálculo de productividad que se realizará con los nuevos indicadores será la relativa al primer semestre de 2013, es decir, desde el pasado 1 de enero. En su escrito, Justicia menciona la gestión de las tasas judiciales como un baremo más para valorar la eficacia y eficiencia del funcionario en cuestión. «En los órganos ante los que se presenten los modelos 696 (los correspondientes al pago de las nuevas tasas) se tendrán en cuenta el número de estos y las solicitudes de modificación de cuantía que requieran la supervisión del secretario judicial», señala la nota.
Ante esta situación, el Sindicato de Secretarios Judiciales (SISEJ) ha considerado que “el Ministerio debería rectificar y retirar ese parámetro” ya que el anuncio que ha difundido como un hecho “consumado” y “sobre el que no se nos pide opinión, es denigrante profesionalmente para el colectivo de Secretarios Judiciales, al que se trata de convertir en recaudadores a comisión, en lugar de centrarse en reconocer mediante el estímulo de la productividad el peso de otras labores directivas que realizamos a diario en la oficina judicial”. Los Secretarios Judiciales se niegan, así, “a obtener ningún tipo de beneficio económico derivado de obstaculizar a la ciudadanía el acceso a un derecho fundamental como es la tutela judicial efectiva”, han explicado.
Algo que no me extraña por la índole de la medida.

domingo, 29 de julio de 2012

Proyecto de Ley: Modificación de las Tasas Judiciales

ABC.es:
Las nuevas tasas judiciales, una de las primeras reformas anunciadas por el ministro de Justicia, Alberto Ruíz-Gallardón, ya han sido remitidas a las Cortes para su tramitación parlamentaria. El proyecto de ley que incrementa su cuantía fue aprobado ayer por el Consejo de Ministros. El Gobierno defiende que la recaudación se duplicará y se destinará de forma íntegra a financiar la justicia gratuita. Carlos Carnicer, presidente del Consejo General de la Abogacía (CGAE), ha expresado su «enérgico rechazo» porque, en su opinión, perjudica a los sectores de población más desfavorecidos.

viernes, 1 de julio de 2011

La Ley de Medidas de Agilización Procesal (II)

Main façade of the Spanish Congress of Deputie...
Si hay algún defecto común a la tramitación de las leyes actualmente, es, sin duda, su premura y su falta de debate previo. El presente proyecto no iba a ser menos, aunque si cabe este adolece de algunos problemas más graves. No es sólo que no ha habido debate previo: es que ni siquiera se ha informado de su contenido hasta que su tramitación estaba ya muy adelantada:
a finales del mes de mayo se supo, con gran sorpresa entre los que trabajamos a diario en los procedimientos penales, de la presentación de diversas enmiendas por parte de diferentes partidos políticos relativas a la reforma de la Ley, en el marco de la tramitación de la Ley de Medidas de Agilización Procesal, en fase de estudio en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados. Que (como anteproyecto), pero no sus enmiendas, fue informada por el Consejo Fiscal el 15 de febrero de 2011, y en aquel momento parecía evidente que por el legislador se renunciaba a la reforma de la LECrim, precisamente por la conocida y necesaria existencia del anteproyecto de reforma completa. Sobre las trascendentales enmiendas, nada supo la Fiscalía General del Estado hasta estar muy avanzado el trámite, a pesar de cómo se veía por ellas afectada la figura del Fiscal…pero no sólo él.

En esencia, las enmiendas presentadas por los partidos políticos, en buena parte coincidentes, afectan a cambios en materias de extraordinaria importancia: así, el régimen de recursos, la regulación de la acción popular o el secreto de sumario. Por una vía apresurada y lejos de la conveniente reflexión e intervención de distintas instituciones afectadas, se pretendía nada menos que suprimir los recursos de reforma contra las resoluciones del juez de instrucción; eliminar el recurso de apelación contra las sentencias absolutorias en los juicios de faltas; o limitar significativa e injustificadamente el deber de informar a la opinión pública reconocida al Ministerio Fiscal en el art. 4 de su Estatuto Orgánico – que es una ley ordinaria – supeditándolo a un absurdo e innecesario control por parte del juez… salvo que el objetivo inconfesable de algunas fuerzas políticas fuera proteger y privilegiar a los investigados en procesos por corrupción, al extenderlo incluso a las diligencias de investigación que tramitan los fiscales, señaladamente los especializados en delitos de corrupción y delincuencia urbanística y medioambiental.
Leedlo entero.

Anteriormente | La Ley de Medidas de Agilización Procesal.

jueves, 30 de junio de 2011

La Ley de Medidas de Agilización Procesal

Alegoría de La JusticiaImage via WikipediaUna de las medidas de la Ley, quizás la más polémica, aumenta el 300% la cifra para interponer recurso de casación, al aumentarlo hasta 600.000€ (ahora es de 150.000€). Esto limitará (y mucho) la posibilidad de que las personas físicas y las PYMEs puedan recurrir en casación:
Este límite para acceder al recurso de casación en los órdenes jurisdiccionales civil y contencioso-administrativo supone un incremento cercano al 300 por ciento respecto a la cuantía actual aunque es inferior al millón de euros que solicitaban los presidentes de Sala del Tribunal Supremo, según ha manifestado el diputado socialista Julio Villarubia, que ha precisado que los asuntos que revistan "interés casacional" podrán ser revisados por el alto tribunal.

El diputado del PP Vicente Ferrer ha motivado la oposición de su grupo en que esta norma ofrece soluciones "injustas" y "arbitrarias" para pretender acabar con el colapso en la Administración de Justicia. "No les conozco. Estas medidas constituyen el mayor recorte de derechos civiles en el ámbito de la Justicia que he conocido en tres décadas, desde que tenemos democracia", ha recriminado a sus señorías.

La nueva norma cifra en 30.000 euros la cuantía para recurrir en apelación las sentencias dictadas por los juzgados de lo Contencioso-Administrativo y fija en 3.000 euros el límite para recurrir las resoluciones dictada en juicios verbales por reclamación de cantidad.
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El CGPJ pone 4 millones de sentencias a disposición del ciudadano

Emblem of the Spanish General Council of the J...Image via WikipediaDe forma libre y gratuita:
"El Poder Judicial, a través del Centro de Documentación Judicial (Cendoj), pone cuatro millones de sentencias de todos los tribunales españoles a disposición del ciudadano de forma libre y gratuita. A eso habrá que añadir más de 9.000 publicaciones, muchas de las cuales antes se editaban en papel y ahora se podrán consultar y descargar en la página web del Consejo General del Poder Judicial (www.poderjudicial.es), que ha sido completamente rediseñada.

A partir del 30 de junio, según explicó Joaquín Silguero, director del Cendoj, los españoles dispondrán de la base de datos de jurisprudencia más grande de los Estados de la Unión Europea. Además, como novedad, contará con un único buscador para todos los tribunales, tanto el Supremo como los Tribunales Superiores, la Audiencia Nacional, las Audiencias Provinciales y los juzgados, en lugar de, como ocurre ahora, tener que buscar las resoluciones en los apartados correspondientes de cada tribunal."
Una buenísima iniciativa, que hay que aplaudir.
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miércoles, 29 de junio de 2011

¿Un tribunal "especial" contra el dopaje?

"La justicia deportiva ha de tener su propio tribunal" · ELPAÍS.com:
"El presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco pidió la creación de un tribunal especial para el deporte, ya que considera que la justicia ordinaria es muy lenta en relación a los casos de dopaje. 'No puede ser que un atleta dé positivo y, cuatro años después, aún no haya sanción ni judicial, ni administrativo-deportiva', afirmó. Blanco indicó que en otros países europeos existen jurisdicciones deportivas que tienen la primera palabra y esto facilita los procesos y las eventuales sanciones."
En todo caso, sería un tribunal especializado rationae materiae, no un tribunal "especial": eso iría en contra del principio del juez ordinario predeterminado por la Ley, exigido por el artículo 24.2 de la Constitución española.

Estamos todos de acuerdo, además, en que la justicia actual es lenta, pero ¿realmente constituyendo otro tribunal especializado se habría solucionado la lentitud en relación al dopaje?

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viernes, 19 de noviembre de 2010

Leyes que el Gobierno se plantea aprobar hasta junio de 2011

La 'gincana' legislativa del Gobierno | España | elmundo.es

 

Diciembre de 2010

- Ley concursal

- Ley integral de igualdad de trato

- Ley de nuevas tecnologías en la Administración de Justicia

- Ley general de telecomunicaciones

Primer trimestre de 2011

- Ley de reforma de la Seguridad Social en materia de pensiones

Enero de 2011

- Ley de reforma de las políticas activas de empleo

- Ley de modificación de determinados artículos del Código Civil en materia de patria potestad, tutela y sucesiones en relación con la violencia de género y la violencia doméstica

- Ley de mediación en asuntos civiles y mercantiles

- Ley de regulación del juego

- Ley de residuos y suelos contaminados

Febrero de 2011

- Ley de servicios profesionales

- Ley reguladora de la jurisdicción social

- Ley de calidad y sostenibilidad del medio urbano

Marzo de 2011

- Ley de negociación colectiva

- Ley del gobierno local

- Ley sobre cuidados paliativos y muerte digna

- Ley de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, Código Civil, Código de Comercio y Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal en materia de procedimientos de incapacitación

- Ley de titularidad compartida de las explotaciones agrarias

Abril de 2011

- Ley de eficiencia energética y energías renovables

- Ley de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial sobre consejos territoriales

- Ley de universalización de la cobertura sanitaria del Sistema Nacional de Salud

Mayo de 2011

- Ley por la que se regulan los parámetros mínimos de calidad de los servicios de atención al cliente de las empresas que prestan servicios económicos de interés general

- Ley del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

Junio de 2011

- Ley de mecenazgo

- Ley sobre utilización de las lenguas cooficiales ante los órganos del estado

- Ley reguladora del fondo de capitalización para los trabajadores

 

martes, 21 de septiembre de 2010

Anteproyecto de Ley de la Jurisdicción Social

Sustituirá a la actual Ley de Procedimiento Laboral y tiene por objeto dar una respuesta integrada y global a los problemas suscitados en este ámbito y agilizar y reducir los costes de la misma, además de determinar y clarificar el orden competente en ciertas materias.

El Consejo de Ministros ha recibido un informe del Ministerio de Justicia sobre este futuro Proyecto de Ley. Un resumen puede leerse en el enlace de arriba.