miércoles, 8 de agosto de 2012

La digitalización de fondos de la Audiencia Nacional: otro caso de escándalo en la gestión de los fondos públicos

La premisa fundamental del blog es que es un blog jurídico, no político, pero cualquier noticia que tenga que ver con la Administración de Justicia, siempre encontrará eco en las entradas de este blog, como la siguiente:
El Gobierno socialista fijó un presupuesto de cerca de 1.600.000 euros para digitalizar los fondos de la Audiencia Nacional y acabó gastando más de nueve millones. Así lo ha desvelado el secretario general de la Administración de Justicia, Joaquín Silguero, en una entrevista concedida a Europa Press en la que ha hecho balance sobre los proyectos tecnológicos que ha encontrado a su llegada al Ministerio.
En concreto, ha abordado la situación de la Audiencia Nacional. El Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero gastó "muchísimo dinero" en publicitar en vídeos y cómics que la implantación del expediente judicial electrónico acabaría erradicando la utilización del papel en este órgano. Sin embargo, Silguero ha constatado "la realidad" de que la carga de papel sigue estando presente en esta sede. "Si hubiera estado en mis manos no hubiera inaugurado ese expediente judicial electrónico tal y como estaba. Ahora tenemos que estar corrigiendo, organizando el nuevo y adoptando medidas concretas", advierte. ... El secretario general de Justicia también ha puesto de relieve que son las propias empresas las que han vendido programas incompatibles entre sí a diferentes comunidades autónomas. "Es muy grave. En vez de venderte algo correcto, a veces te venden algo incorrecto pero encima ganan con lo que te han vendido mal", ha añadido.
vía Zapatero gastó cinco veces más de lo previsto en la digitalización de los fondos de la Audiencia Nacional,Datos macroeconómicos, economía y política - Expansión.com. Por un lado, está el evidente despilfarro (no cortado ni atajado todavía) que realizó el anterior Gobierno de la Nación en prácticamente todas las partidas del presupuesto. Pero multiplicar por más de 5 veces el coste de digitalizar unos fondos desde luego que puede considerarse como excesivo, máxime cuando ahora resulta que se congelan las oposiciones a jueces y fiscales porque no hay presupuesto, con los evidentes perjuicios que ello puede producir sobre el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. Pero por otro, hay también que considerar esa cuestión de la "venta de programas incompatibles entre sí a diferentes comunidades autónomas". Creo que a todos nos gustaría saber qué empresas han hecho eso y si se ha tomado algún tipo de medidas contra ellas (como asegurarse de que no vuelvan a hacer algo así con otras entidades públicas). En los pliegos de los contratos administrativos siempre se debe hacer una enumeración de los requisitos que son necesarios para entender que el objeto de ese contrato es aquel que la administración contratante realmente quiere. Si eso realmente se hizo aquí, sería necesario saber cómo se pudieron admitir esos programas. También creo que todos querríamos saber si los responsables de esas comunidades autónomas actuaron con la diligencia debida a lo hora de investigar si esos programas eran o no incompatibles. Por supuesto, es cierto que no todo el mundo es un experto informático, pero la incompatibilidad debe(ría) ser comprobada por los expertos de cada institución durante el correspondiente período de prueba, que debería haberse incluido en el contrato. Por último, este es otro caso en el que la compra individual por parte de una o varias Comunidades Autónomas, sin ponerse de acuerdo para ir juntas a la negociación, es nefasto para la operatividad de la Administración y,de paso, para el gasto público.

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