Las críticas duras afectan tanto a lo que se refiere a transparencia como al derecho de acceso de los ciudadanos a la información pública como a la regulación de las prácticas de buen gobierno. En relación a la transparencia, el anteproyecto de ley "puede provocar un efecto perturbador de la seguridad jurídica y es potencialmente susceptible de generar numerosos conflictos de interpretación", apunta. En cuanto al derecho de acceso a la información pública, cuya regulación es inexistente en nuestro país y este anteproyecto intentaba cubrir este vacío, dice que "la indeterminación de los conceptos y el carácter abierto de algunos preceptos (...) pueden mermar seriamente la eficacia real del referido derecho". Por ello, el Consejo de Estado le dice al Gobierno que conviene "definir con mayor precisión los límites y excepciones a ese derecho" ya que le "hace depender en demasía del criterio subjetivo y discrecional del órgano en cada caso competente. Es decir, las excepciones al derecho de los ciudadanos de acceder a la información pública no están bien reguladas y delimitadas.Relacionados: Texto del Anteproyecto.
Antecedentes: Proyectos de Ley: modificación del Código Penal y Fraude Fiscal.