ABC.es:
Las
nuevas tasas judiciales, una de las primeras reformas anunciadas por el ministro de Justicia, Alberto Ruíz-Gallardón, ya han sido remitidas a las Cortes para su tramitación parlamentaria. El proyecto de ley que incrementa su cuantía fue aprobado ayer por el Consejo de Ministros. El Gobierno defiende que la recaudación se duplicará y se destinará de forma íntegra a financiar la justicia gratuita. Carlos Carnicer, presidente del Consejo General de la Abogacía (CGAE), ha expresado su «enérgico rechazo» porque, en su opinión, perjudica a los sectores de población más desfavorecidos.
La subida de las tasas oscila entre los 50 y los 750 euros. El aumento más significativo es el de los recursos de apelación (que pasan de 300 a 800 euros) y de casación (de 600 a 1.200) en los órdenes Civil y Contencioso-Administrativo. En la jurisdicción Social, la suplicación pasa de 0 a 500 euros y la casación, de 0 a 750. No se aplicará la tasa al orden Penal.
Enlaces relacionados:
La Abogacía española manifiesta su "enérgico rechazo" al proyecto de ley de reforma de las tasas judiciales @ Lawyerpress.com.
Se remite a las CCGG la reforma de las tasas judiciales que ayudará a financiar la justicia gratuita en nuestro país @ Diariojuridico.com.
Aprobadas las nuevas tasas judiciales @ Informativo Jurídico:
En esta reforma se ha tenido especialmente en cuenta la doctrina sentada por el Tribunal Constitucional, en su reciente sentencia 20/2012, de 16 de febrero de 2012, en la que confirmó la constitucionalidad de las tasas como medio de financiación de la Administración de Justicia. La carga tributaria que supone la tasa responde al principio del pago del coste de servicio que se presta por la Administración de Justicia.
En este mismo sentido, las cuantías previstas para las tasas judiciales no constituyen una traba al ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva, conforme a la doctrina del Tribunal Constitucional. Tales cuantías quedan muy por debajo del coste del servicio que se utiliza.
Con esta reforma España homologa el sistema de tasas judiciales al que rige en los países de nuestro entorno, en el que, además de la financiación de la Administración de Justicia a través de los impuestos, se exige este tributo a los usuarios del servicio público.
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