Artículo: La deriva regulatoria

La actividad económica prospera en el marco de la ley, de una normativa que se conoce, se respeta, se mantiene a lo largo del tiempo y se adecúa a los cambios en las innovaciones, la movilidad de las personas, la apertura al exterior etc. Por el contrario, la profusión de leyes y decretos, la introducción de diversas instancias, supra e infra nacionales generan nuevas obligaciones que requieren tiempo para conocerlas y entenderlas así como asistencia especializada y costosa en muchos casos. Lo peor es que esas leyes innecesarias con sus correspondientes cargas, estaban reconocidas y descalificadas por la práctica y la sabiduría. Así, en el s. 18 Thomas Hobbes en su “Leviatan” decía que las leyes innecesarias no son buenas leyes sino trampas para coger dinero.

Por su parte, en el s. 19, J. R. McCulloch en sus “Principles of Political Economy” consideraba que ni la regulación arbitraria, ni las decisiones de las legislaturas pueden añadir nada al capital del país: solo pueden forzarle a en vericuetos artificiales.

España desde la recuperación de la libre elección del gobierno(s) es un caso claro de expansión múltiple de normas e instancias. En los años 2008-2010 el número de páginas de los Diarios y Boletines Oficiales publicados por las CC. AA., sin contar los números extraordinarios, alcanzaron el número de 697.244 en el primer año, 736.305 el 2º y 867.466 el tercero. A estas cifras hay que añadir el BOE con cifras, en los mismo años de 68.505, 274.257 y 258.068. En el último ejercicio se superaba el millón, pero si se añade también la producción de la UE, la cuantía es aún mayor.
El cálculo de estas cifras se hace más difícil desde que algunos –con criterio de ahorro- han pasado a ofrecerlo en vías telemáticas, a veces sin numeración de páginas. El aumento de normas requiere un aumento adecuado de medios para supervisar el cumplimiento de las exigencias que comportan y penalizar los comportamientos transgresores. La calidad de las normas, y la de quienes vigilan su cumplimiento se degradan con la profusión excesiva. Así se llega a situaciones que perjudican a muchos con poco o ningún beneficio y, a veces, beneficio para quien consigue que se legisle según su interés. Al tiempo los propios custodios bordean los lindes, como cuando varios ayuntamientos participan en empresas, cada una controlada por uno y participada por los otros. Ninguna supera la cuota que la obliga a asumir una responsabilidad completa, pero puede obtener más financiación bancaria de la que tendría si tuviera la propiedad plena.

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 Por fin hay alguien que reconoce que, en la actual situación, no sólo son problemáticas las distintas divisiones derivadas de la nueva ordenación territorial del Estado (Título VIII de la Constitución de 1978), sino también la Unión europea. Con una particularidad añadida: en general, el ciudadano ve a esta última lejos de sus problemas y considera que si se critica a su Gobierno nacional ya está todo solucionado. Pero la realidad es que un alto porcentaje de la regulación que hoy se aplica en España deriva de la normativa comunitaria, así que el control de ella por parte de los ciudadanos (no sólo españoles, sino comunitarios) sería muy deseable. Ahora bien, la profusión legislativa no es algo con lo que nos hayamos levantado un día y no tuviéramos noticia de ella con anterioridad. Como consecuencia de la cada vez más importante intervención administrativa (en algunos casos, totalmente prescindible y en otros manifiestamente mejorable), muchas normas tratan de intentar regular prácticamente todo, mientras que otras no lo regulan claramente. En algunos casos, ciertamente la materia es complicada o incluso se refiere a cuestiones controvertidas desde el punto de vista social, pero precisamente por eso sería deseable un mayor debate sereno y serio sobre las soluciones planteadas. Sólo una vez que dicho debate hubiera tenido lugar, deberían ser aprobadas.

Sin embargo, sus señorías, en lugar de realmente tomarse la actividad legislativa en serio, creen que el ciudadano va a sentir que están "gobernando" o "dirigiendo el país" si las normas cambian constantemente. Así, el ciudadano de a pie no sabe en muchos casos qué norma actualmente vigente es la que regula esa cuestión, quién es el competente para tomar las decisiones y, lo que es más importante, quién es el responsable en caso de que se produzcan daños.

Esto no sólo es contrario a la seguridad jurídica, sino también al sentido común: ¿para qué producir tanta legislación si en algunos casos su redacción es manifiestamente mejorable, no permite saber exactamente la consecuencia jurídica para cada supuesto de hecho, sin ser un experto en la materia, o aparentemente regula una cuestión pero un examen más detallado hace que entendamos que no alcanza los objetivos propuestos?

Una última cuestión: este es un problema que, si bien puede afectar al déficit le trasciende con mucho. Entiendo que la gente esté ahora preocupada por la posibilidad de que incremente el gasto público, pero hay que recordar que si no sabemos qué leyes regulan nuestra vida, difícilmente vamos a poder ejercitar los derechos (y cumplir las obligaciones) que en ellas se establece. Es cierto que ignorantia iuris non excusat, pero también es cierto que no se puede exigir a un individuo lego en derecho y con una vida ocupada, que se lea diariamente todos los Diarios o Boletines Oficiales en los que aparezcan normas que puedan vincularle, para saber a ciencia cierta cuál es su situación jurídica. No estaría de más, por tanto, que nuestros legisladores empezarán a pensar en el ciudadano y no aprobaran las leyes sino una vez que tuvieran muy claro que tienen la suficiente entidad como para durar durante un tiempo razonable. Lo sé, soñar es gratis.